Para una evaluación de la reforma judicial entrevisté
un grupo de jueces guatemaltecos. Discutiendo sobre el software de manejo de
expedientes hecho por una firma extranjera -en este caso colombiana- una jueza
anotó desprevenida: “Willy Perfect funcionaba mejor”. Ante un comentario y un
nombre tan sugestivos, quise escarbar.
Años antes de que, a finales de los 80, los
expertos contratados para un gran proyecto llegaran a Guatemala, Willy Ochoa, un
secretario de juzgado aficionado a los microcomputadores, había desarrollado
unos macros en Word Perfect para agilizar su trabajo cotidiano. Esta
herramienta, que se popularizó como Willy Perfect, fue adoptada y adaptada por sus compañeros de despacho con algunos jueces precursores en el uso de
computadores. Era el ejemplo típico de arquitectura abierta para el desarrollo
de software. Cada usuario acomodaba el programa a sus requerimientos precisos
de información y hacía sugerencias, o introducía cambios. Willy, laborando los
fines de semana, hacía los ajustes necesarios para que las innovaciones, y la
información, se compartieran entre usuarios.
Cuando empezó el proyecto que contemplaba el
desarrollo de un software sofisticadísimo, Willy pretendió colaborar con el
equipo extranjero, pero no como programador pues “el nivel de mi trabajo era
muy de primera generación”. Fue como “conocedor de la idiosincrasia local” que
se ofreció para las pruebas piloto, pero ni siquiera así fue tenido en cuenta por los expertos.
Al final del proyecto, tras una inversión enorme, algunos jueces se negaban a
utilizar la nueva plataforma. Les preocupaba, sobre todo, la migración de datos
al nuevo sistema, algo que nunca afanó a unos consultores alérgicos a la
tecnología artesanal. Ante la terquedad de una jueza que amenazó con seguir
usando el viejo programa si no le exportaban sus archivos, el mismo Willy tuvo
que hacerlo. “Fueron crueles conmigo, pues vinieron a pedirme que le diera el
golpe mortal a mi propio programa”.
La versión colombiana de esta historia es difícil de rastrear, pero parecería que el núcleo del programa que se usa en
los juzgados fue originalmente un conjunto de macros desarrollados por un juez
de Itagüí. Esta sospecha ha sido oficial y enfáticamente rechazada. Lo cierto
es que a pesar de los ingentes recursos invertidos en desarrollos tecnológicos,
la información y las estadísticas judiciales de Colombia funcionaban mejor por
la época en que Willy Ochoa programó los macros de su procesador de palabras. A
estas alturas, el retoño de algún software artesanal y descentralizado ya permitiría colgar todas las
sentencias, incluso las de tutela, en la red y en la nube.