El general, el funcionario y la violencia sexual en el conflicto

Gonzalo Queipo de Llano fue un general franquista durante la guerra civil española. Es considerado “el primer militar que fomentó por la radio la violación de prisioneras”.

Desde el programa que emitía Radio Sevilla echaba unas peroratas misóginas que avergonzaron incluso a la derecha extrema. “Nuestros valientes Legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso, también a sus mujeres. Estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”.

En una entrevista concedida en el 2009 un funcionario judicial colombiano anotaba que la violencia sexual de los paramilitares fue “una política digamos que tácita… ellos no daban una orden directa, ‘violen a las mujeres’, pero el comportamiento que asumían los comandantes, la forma que trataban a las  mujeres hacía que los otros [dijeran:] ‘Ah… pero el comandante la trata a ella así … yo también hago lo mismo con otras mujeres’. Es como un patrón fluido y asimilado por el grupo… Era una forma de demostrar el poder, acechando a las mujeres, que eran discriminadas y consideradas como menos importantes por esos roles ancestrales y patriarcales”.

Como varias otras prácticas, la violencia sexual no la introdujeron al conflicto los paramilitares de las AUC y tuvo antecedentes en el Cartel de Medellín. Germán Castro Caycedo relata cómo los sicarios de Escobar mantenían jóvenes cautivas a su servicio y además violaban a su antojo. El guión foráneo de la violencia sexual como arma de guerra no encaja en este escenario en el que el enemigo era el Estado. Hay más de lacra primaria y atávica que de estrategia militar. El Patrón, gastador compulsivo, instauró un revuelto de derecho de pernada con comercio sexual. Contaba con un equipo, Los Señuelos, “y a través de ellos iba tras cuanta muchaha virgen que estuviera entre los catorce y los diecisiete años”. Rara vez forzadas, ellas se estrenaban y entregaban por una platica y, si se lucían, podían recibir hasta un carro. A ese nivel, aunque hubo manifestaciones espeluznantes de violencia sexual, los testimonios de violaciones son escasos. La zanahoria primó sobre el garrote y fue eficaz en todos los estratos.  Con un fajo de billetes las muchachas “perdían la brújula”. 

La responsabilidad de los líderes guerrilleros y paramilitares en las agresiones sexuales de sus subordinados es incierta. En La Habana parecen no saber de violencia sexual. Los acogidos a Justicia y Paz han sido reacios a admitir su participación en tales ataques. Comandantes paramilitares que han reconocido crímenes atroces niegan que las violaciones fueran una estrategia sistemática en su organización. El Grupo de Memoria Histórica (GMH) sostiene que sí hubo esa política, pero la evidencia al respecto es precaria. Nada comparable a los testimonios de conflictos étnicos, ni siquiera a las arengas de Queipo de Llano. Hay incluso indicios en contra, como la mujer violada por paramilitares que señala: “fuimos amenazadas y nos decían que si le decíamos al comandante Camilo nos mataban. Ahí me tocó estar con cuatro de ellos”. O el testimonio de Martín Sombra de las FARC, que confesó el asesinato de menores por "desórdenes disciplinarios" pero aclara que “al único que no se perdonaba era al violador, a los otros se buscaba cómo volverlos al camino”. En últimas, el argumento del GMH es el mismo del funcionario judicial: “la violación sexual estratégica no siempre se configura por ser explícitamente ordenada por la comandancia pero sí se ejecuta como parte inherente de repertorios de dominio”.

Independientemente de si esta tesis servirá o no en procesos judiciales, sí es pertinente para entender la dinámica de la violencia sexual en el conflicto. Los datos muestran que la mayor presencia de actores armados en un departamento -medida por la tasa de homicidios- parece envalentonar a los atacantes sexuales civiles, extraños o conocidos por las víctimas que, a su vez, denuncian menos los ataques. De manera consistente con estas correlaciones, una encuesta realizada en zonas de conflicto señala que dos de cada tres mujeres consideran que la simple presencia de grupos armados incrementa la violencia sexual en general. El posconflicto requerirá esfuerzos mucho más sofisticados que perseguir penalmente a unos guerreros que violaron masivamente. Será necesario borrar entre la población las huellas de un machismo recrudecido por los matones. 

Acoso sexual paramilitar

Alfredo Molano cuenta la historia de la Mona, quien recién separada vivía con sus dos hijos y era enfermera auxiliar en una clínica a dónde llegaban uniformados heridos.

Supuso que eran soldados y no entendía por qué no los llevaban a hospitales militares. Un día su jefe le dijo que se preparara para una emergencia rural. Al llegar a un caserío, él mismo la tranquilizó. “Mona, son seres humanos … usted es profesional y sabe muy bien qué debemos hacer”. Entró a un galpón oscuro y maloliente y se puso a “hacer curaciones durante tres días seguidos”. Su trabajo fue excelente. “Me sentí reina. Me había dado entera. No sólo trataba de curarles las heridas, sino que les lavaba en la quebrada los uniformes y las medias”. Más tarde se le acercó el comandante. “Mona, muy querida vos, quedamos muy agradecidos con vos”. Le entregó un paquete que ella se echó al bolsillo sin abrirlo. Apenas llegó a la clínica se encerró a contar, “dos millones de pesos en billetes de cincuenta. ¡Una fortuna!”. Se fue acostumbrando a las misiones rurales bien pagas. Le gustaba ver a sus niños contentos y no sufrir con las cuentas de servicios públicos. También entendió que “los paramilitares eran gente corriente, que sufrían la guerra y que les hacía falta dinero”. 

Un día le dijeron que en el Bloque Caquetá estaban sin enfermera y necesitaban un reemplazo temporal. Aceptó y al día siguiente salió hacia Florencia. Después de un viaje largo por avión, lancha y mula llegaron al campamento de Doblecero. Le pareció huraño. “Esperaba otro recibimiento, venía de voluntaria y no de combatiente regular”. Al día siguiente la presentó como parte del nuevo equipo médico. Así, “me dediqué en cuerpo y alma a mi oficio, a ser una cabal enfermera de guerra”. 

Pronto estableció rutinas. Era la encargada del examen médico de reclutamiento y frente a ella pasaron desnudos muchos candidatos. Madrugaba a bañarse en la quebrada antes de que llegaran los demás. “Yo no me desnudaba delante de los hombres, así los conociera empelotos a todos”. La incomodaban bastante las miradas de los micos. Era un ambiente de machos. “La verdad es que mujeres armadas y que salieran al combate, pocas. Muy pocas. La gran mayoría eran prostitutas que traían o mandaban traer”. 

Un día Doblecero la invitó a almorzar y le preguntó “Mona, ¿usted copia o no copia?”. Quedó desconcertada y respondió que no entendía. El comandante se le echó encima: “¿Quiere dormir conmigo esta noche?”. A ella no le gustó nada la propuesta. “¿Sabe qué? Usted me irrespeta, yo soy la enfermera y no una de las putas que traen por aquí. Yo no soy la cantimplora de nadie”. No había terminado de hablar cuando recibió una tremenda bofetada. El frustrado seductor le gritó: “¡Yo soy su comandante y si digo que el cielo es morado, usted lo ve morado!”. Ella lo escupió, él la agarró del pelo, la tiró al suelo, le dio dos patadas en las costillas mientras la insultaba. “¡Malnacida! ¿Usted con quien cree que está hablando?”. Tardó días en recuperarse. Cuando Doblecero fue a visitarla ella le dijo que daba por terminada la relación con el Bloque, que le pagaran lo que le debían pues se iba. Él se mostró sorprendido. “¡Uy qué Mona más alebrestada, si sólo le hice un cariño”. Antes de irse le aclaró su nueva situación. “Qué pena pero usted de aquí no se puede ir. Usted ya hace parte de las autodefensas y usted ya no se manda sola; yo soy su mando y no puede irse. ¿Entendió?”. En seguida llamó a un patrullero: “a esta vieja démele entrenamiento militar, un fusil y un camuflado”. Así terminó la Mona de tigre. 

Hay paramilitares, hay violencia sexual y hay una variada lista de ataques criminales contra la Mona. Pero el libreto comodín de la “violación como arma de guerra” ayuda bastante poco a describir, entender o evitar que se repita la situación de esta mujer. A ella tampoco le serviría para nada ese guión si quisiera emprender una acción penal contra sus victimarios.

La Iglesia y el aborto

El principal argumento de la Iglesia para oponerse al aborto es la defensa de la vida que, sostiene, se inicia con la concepción. No siempre fue así.

A la tesis del alma que aparece desde la fecundación, transmitida con la semilla y por lo tanto proveniente de los padres, se opusieron quienes afirmaban que su origen no podía ser terrenal sino divino: el soplo de Dios. En el siglo V la posición oficial de la Iglesia era que la animación –la llegada del alma, el inicio de la vida humana- se daba al cabo de cuarenta días.

Aunque varios concilios entre el siglo IV y el VII agruparon aborto e infanticidio, dejaron claro que la condena al primero no era por la premisa de un alma existente desde la concepción sino por tratarse de acto no procreativo.

San Agustín sostenía que una mujer que aborta es culpable no de homicidio sino de perversión. La oposición al aborto en los primeros cristianos fue un componente más de la condena a la sexualidad, cualquiera de cuyas manifestaciones -desde la contracepción, el aborto, el divorcio, el adulterio hasta el uso de joyas o maquillaje- se consideraba pecaminosa. El propósito era combatir la lujuria, hacer del sexo el símbolo de la diferencia entre cristianos y paganos y tener un indicador inconfundible de moralidad individual. Solteros y casados, ricos y pobres debían tener como denominador común moral la capacidad de controlar sus impulsos sexuales.

El sexo era la vía infalible para caer en desgracia y el preludio del desorden. San Agustín argumentaba que la impotencia, la frigidez, las erecciones estaban por fuera del control de la voluntad y eran prueba fehaciente de la debilidad humana ante la carne. El problema no era la copulación en sí sino los excesos que la acompañaban. Los esfuerzos conscientes por evitar la concepción era síntoma de concupiscencia. El aborto y la contracepción se equiparaban pues para ambos se utilizaban las mismas hierbas y medicinas. Además, cualquier impedimento a la procreación se asociaba con la prostitución, el adulterio y la fornicación.

En 1588, el Papa Sixto V asimiló por primera vez el aborto a un homicidio sin depender del momento de la gestación y le aplicó la excomunión. Se plantea que fue una respuesta al incremento tanto de los abortos como de la prostitución en Roma. Su sucesor Gregorio XIV volvió al régimen anterior penalizando la interrupción del embarazo sólo después de la animación.  

En Francia pre revolucionaria, un país muy cristiano, los médicos utilizaban todo tipo de analogías vegetales o animales para refererirse al embrión. Primero un gran fríjol o grano de trigo; luego una larva, renacuajo, o pollo. Así, ponerle fin a un embarazo antes de la animación no era un aborto, mucho menos un crimen, sino una simple medida contraceptiva.

En el siglo XVIII Inocencio XI confirma que la condena del aborto es independiente de las controversias sobre el momento de aparición del alma. Sólo a finales del siglo XIX el papado favorece la tesis de la animación inmediata. Varias encíclicas reiteran la prohibición absoluta del aborto pero en Humanae Vitae, de 1968, esta conducta todavía aparece en el mismo plano que la contracepción artificial y la esterilización como una “vía ilícita para la regulación de los nacimientos”. Es bajo Juan Pablo II, en el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992 que se estipula que “puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente como todo ser humano”. En Evangelium Vitae, de 1995, se señala que a los homicidios, los genocidios y las guerras se suman “nuevas amenazas a la vida humana” como “el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario”.

REFERENCIAS

McLaren, Angus (1992). A History of Contraception. From Antiquity to the Present Day. Oxford: Blackwell

Morel, Marie-France (2002). “Histoire de l’avortement”. Réalités en gynécologie obstétrique n° 76, décembre 2002, p. 51-53. Versión digital

Bula de Sixto V:

Brind'Amour, Katherine (sf). “Effraenatam”. The Embryo Project Encyclopedia


Evangelium Vitae

Catecismo de la Iglesia Católica

Humanae Vitae

La lucha por el aborto en Portugal

A principios del 2002 en Maia, pequeña ciudad cerca de Oporto, 43 personas fueron denunciadas por aborto y se inició un proceso judicial contra ellas.

La principal acusada era una partera que desde los años ochenta habría practicado un centenar de abortos. Fue condenada a 8 años de prisión. Entre las 17 mujeres acusadas de interrumpir su embarazo sólo dos confesaron. Para una la pena fue de cuatro meses. Para la otra el caso ya había prescrito. La mujer condenada era una madre soltera y desempleada de 20 años.

Dos años después, en Aveiro, siete mujeres, sus parejos, un médico y otros participantes fueron acusados de aborto ilegal. Como en el caso de Maia, se trataba de personas de escasos recursos económicos. Era usual en esa época que las mujeres que podían pagarse el viaje fueran a España a interrumpir sus embarazos. En pocas semanas todas fueron absueltas por la justicia. La sentencia fue después revocada en segunda instancia, el médico condenado a 44 meses de prisión y tres de las mujeres a seis meses.

En el 2004 el gobierno conservador declara que el barco holandés de Women on Waves (WoW) atenta contra la seguridad y la salud públicas y no lo deja anclar en ningún puerto. En aguas internacionales, en ese barco se practicaban abortos farmacológicos autorizados por la legislción holandesa. En tierra, las mujeres de WoW aconsejaban e informaban.

La ley portuguesa sobre el aborto, vigente desde 1984, se basaba en el sistema de supuestos, similar al de España entre 1985 y 2010 y al de Colombia desde el 2006 pero se aplicaba de manera restrictiva, con base en indicaciones médicas.

Con el proceso de Aveiro se reavivó el debate. Una solicitud  respaldada por 121.000 mil firmas fue presentada al Parlamento para convocar un referendo a favor del sistema de plazos. Por primera vez algunos miembros del partido conservador de gobierno se mostraron a favor de suavizar la ley vigente. El obispo de Oporto declaró que criminalizar el aborto no era una solución al problema, que tocaba mejorar las condiciones de vida de las familias pobres.

En 1998 la adopción del sistema de plazos había sido rechazada en un referendo con el 50% de los votos y una abstención del 68%. Pero en esta oportunidad las perspectivas eran mejores. Los sondeso indicaban que cerca del 80% apoyaba la despenalización.

En Marzo de 2004, Por una estrecha mayoría la Asamblea Nacional rechaza la discusión de un proyecto para adoptar el sistema de plazos y también la propuesta de someter la cuestión a votación popular. 

Un año después, con la victoria de los socialistas, el primer ministro Jose Socrates promete someter al veredicto popular una proposición para adoptar el sistema de plazos. El parlamento aprueba la decisión del referendo. El veredicto de segunda instancia del proceso de Alveiro reaviva el debate. Los sectores pro-aborto (comunistas, sindicatos, movimientos feministas) le piden al parlamento legislar sin someterse al referendo.

En Febrero de 2007, con un 60% de los votos, los portugueses aprueban en un referendo la adopción de un régimen de plazos. Puesto que la participación no alcanzó el 50% el parlamento no está obligado a legislar, pero de todas maneras lo hace y ratifca el abandono del sistema restrictivo. El Tribunal Constitucional confirma la decisión y la ley entra en vigor en Julio del mismo año.

Es sin duda más largo y laborioso, pero definitivamente más sólido cuando los magistrados constitucionales no legislan para casos excepcionales sino que respaldan las decisiones parlamentarias endosadas por el voto popular sobre el derecho de las mujeres a decidir, sin necesidad de intermediarios, si interrumpen su embarazo durante las primeras semanas.

Socialistas, liberales e inmigración

"Hay cuestiones que uno sólo entiende a profundidad cuando ha pasado por ciertos sufrimientos”.

Tal fue el inicio de la intervención de un diputado socialista francés cuando, a finales del siglo XIX, su grupo se oponía tenazmente a la discriminación contra los extranjeros en el territorio. Se refería a su situación como exilado político en Londres tras la persecución sufrida bajo el Segundo Imperio. Consideraba que el proyecto de ley bajo discusión era una “negación de la civilización”. No entendía que la República pudiera establecer discriminaciones basadas en la nacionalidad. “Es un poco bárbaro el movimiento de repulsión, de desconfianza instintiva contra el extranjero por ser extranjero, porque es de otra sangre y de otra raza”, confirmaba otro reputado miembro de la izquierda radical. Un diputado parisino, también periodista, trataba de convencer a la asamblea que la Constituyente había afirmado que cualquier extranjero tenía derecho a establecerse en Francia. Le indignaba el argumento económico de la competencia con los trabajadores locales: “¿acaso estos extranjeros no contribuyen a la riqueza nacional? ¿No estamos contentos de tenerlos entre nosotros?

Los liberales, por su parte, daban argumentos complementarios más preocupados por la eficiencia y la libertad de empresa. Recordaban los ideales de la Revolución para rechazar cualquier idea de protección del trabajo. Uno de ellos, varias veces ministro, anotaba que “encuentro realmente sorprendente, extraordinario, que personas que dicen seguir los principios de 1789 tengan semejantes concepciones legislativas”. Para rechazar los obstáculos que se pretendían imponer sobre quienes “vienen a disfrutar de la hospitalidad nacional” le bastaba con “invocar razones de orden moral y filosófico”.

Estas enérgicas reacciones se daban en contra de la propuesta, ni siquiera de deportar, sino de ponerles un impuesto a los trabajadores extranjeros para compensar las ventajas de las que, según las quejas de obreros y agricultores franceses, disfrutaban.

Durante la segunda mitad del siglo XIX Francia era el principal país europeo receptor de mano de obra extranjera. Allí llegaban, tanto a la industria y la artesanía como al sector rural, algunos de manera estacional, trabajadores españoles, italianos, belgas, suizos y alemanes. En todos los tratados de comercio que se firmaban para facilitar la circulación de mercancías se contemplaba de oficio facilitar el libre desplazamiento de las personas. Todos los tratados tenían una cláusula similar a la firmada con Serbia según la cual ambos Estados “tendrán recíprocamente, y al mismo título que los nacionales, y sin ninguna distinción de raza o de religión, la facultad de viajar, de residir, de establecerse en cualquier lugar donde juzguen conveniente para sus intereses ejercer cualquier tipo de industria u oficio, de hacer comercio al por mayor y al detal etc sin tener que pagar derechos a los nacionales”.

Estos flujos migratorios causaban problemas, hasta enfrentamientos y riñas, con los habitantes que nunca repercutían fuera del ámbito local.  Fue a raiz de un incidente militar contra Italia por el protectorado de Túnez que los enfrentamientos con extranjeros pasaron a ser un asunto político en la capital. Al desembarcar la tropa francesa en Marsella toda la ciudad los recibió caluosamente con la excepción de los miembros de un club italiano que, al pasar el cortejo frente a su cede, les chiflaron a los héroes. Durante varios días los jóvenes marselleses, cantando su himno, matonearon italianos de manera indiscriminada. El incidente marcó un quiebre en el tratamiento mediático y político de estos enfrentamientos bi-nacionales en las provincias. Es por esta época que “los profesionales del discurso público empezaron a hacer hablar a las multitudes”. Por primera vez  un conflicto entre obreros en un municipio se percibía como un problema político nacional. Los medios parisinos se interesaron por las riñas locales que siempre habían ignorado, y el gobierno mandó por primera vez recoger información regular sobre tales asuntos. El historiador Gérard Noiriel anota que lo ocurrido en Marsella jugó un papel definitivo en “la invención del problema de la inmigración” en Francia.

La idea original del impuesto, atacada por socialistas y liberales fue rechazada. La comisión parlamentaria encontró una alternativa más presentable: reemplazar el tributo por la obligación de una “condición para residir y establecerse”. La propuesta fue inmediatamente aceptada y en agosto de 1893 se aprobó una ley relacionada con “la residencia de los extranjeros en Francia y la protección del trabajo nacional”. Con ella se obligó a los extranjeros a registrarse en su comunidad para que la alcaldía les expidiera una tarjeta de identidad. 

Tanto la ideología liberal como la socialista cedieron ante la necesidad administrativa de identificar a las personas. Se abría el camino a la invención de la nacionalidad y posteriormente a la posibilidad de restringir los movimientos internacionales de personas. Hoy por hoy ya ni sorprende la declaración de un político progresista belga, bien alejada de sus antecesores ilustrados:  “la inmigración libre es enemiga del socialismo”.