A principios del 2002 en Maia, pequeña
ciudad cerca de Oporto, 43 personas fueron denunciadas por aborto y se inició
un proceso judicial contra ellas.
La principal acusada era una partera que
desde los años ochenta habría practicado un centenar de abortos. Fue condenada
a 8 años de prisión. Entre las 17 mujeres acusadas de interrumpir su embarazo
sólo dos confesaron. Para una la pena fue de cuatro meses. Para la otra el caso
ya había prescrito. La mujer condenada era una madre soltera y desempleada de
20 años.
Dos años después, en Aveiro, siete mujeres,
sus parejos, un médico y otros participantes fueron acusados de aborto ilegal.
Como en el caso de Maia, se trataba de personas de escasos recursos económicos.
Era usual en esa época que las mujeres que podían pagarse el viaje fueran a
España a interrumpir sus embarazos. En pocas semanas todas fueron absueltas por
la justicia. La sentencia fue después revocada en segunda instancia, el médico
condenado a 44 meses de prisión y tres de las mujeres a seis meses.
En el 2004 el gobierno conservador declara
que el barco holandés de Women on Waves (WoW) atenta contra la seguridad y la
salud públicas y no lo deja anclar en ningún puerto. En aguas internacionales,
en ese barco se practicaban abortos farmacológicos autorizados por la
legislción holandesa. En tierra, las mujeres de WoW aconsejaban e informaban.
La ley portuguesa sobre el aborto, vigente
desde 1984, se basaba en el sistema de supuestos, similar al de España entre 1985
y 2010 y al de Colombia desde el 2006 pero se aplicaba de manera restrictiva,
con base en indicaciones médicas.
Con el proceso de Aveiro se reavivó el
debate. Una solicitud respaldada
por 121.000 mil firmas fue presentada al Parlamento para convocar un referendo
a favor del sistema de plazos. Por primera vez algunos miembros del partido
conservador de gobierno se mostraron a favor de suavizar la ley vigente. El
obispo de Oporto declaró que criminalizar el aborto no era una solución al
problema, que tocaba mejorar las condiciones de vida de las familias pobres.
En 1998 la adopción del sistema de plazos
había sido rechazada en un referendo con el 50% de los votos y una abstención
del 68%. Pero en esta oportunidad las perspectivas eran mejores. Los sondeso
indicaban que cerca del 80% apoyaba la despenalización.
En Marzo de 2004, Por una estrecha mayoría
la Asamblea Nacional rechaza la discusión de un proyecto para adoptar el
sistema de plazos y también la propuesta de someter la cuestión a votación popular.
Un año después, con la victoria de los
socialistas, el primer ministro Jose Socrates promete someter al veredicto
popular una proposición para adoptar el sistema de plazos. El parlamento
aprueba la decisión del referendo. El veredicto de segunda instancia del
proceso de Alveiro reaviva el debate. Los sectores pro-aborto (comunistas,
sindicatos, movimientos feministas) le piden al parlamento legislar sin
someterse al referendo.
En Febrero de 2007, con un 60% de los votos,
los portugueses aprueban en un referendo la adopción de un régimen de plazos.
Puesto que la participación no alcanzó el 50% el parlamento no está obligado a
legislar, pero de todas maneras lo hace y ratifca el abandono del sistema restrictivo.
El Tribunal Constitucional confirma la decisión y la ley entra en vigor en
Julio del mismo año.
Es sin duda más largo y laborioso, pero
definitivamente más sólido cuando los magistrados constitucionales no legislan
para casos excepcionales sino que respaldan las decisiones parlamentarias
endosadas por el voto popular sobre el derecho de las mujeres a decidir, sin
necesidad de intermediarios, si interrumpen su embarazo durante las primeras
semanas.