A
principios del 2002 en Maia, pequeña ciudad cerca de Oporto, 43 personas fueron
denunciadas por aborto y se inició un proceso judicial contra ellas.
La
principal acusada era una partera que desde los años ochenta habría practicado
un centenar de abortos. Fue condenada a 8 años de prisión. Entre las 17 mujeres
acusadas de interrumpir su embarazo sólo dos confesaron. Para una la pena fue
de cuatro meses. Para la otra el caso ya había prescrito. La mujer condenada
era una madre soltera y desempleada de 20 años.
Dos años
después, en Aveiro, siete mujeres, sus parejos, un médico y otros participantes
fueron acusados de aborto ilegal. Como en el caso de Maia, se trataba de
personas de escasos recursos económicos. Era usual en esa época que las mujeres
que podían pagarse el viaje fueran a España a interrumpir sus embarazos. En
pocas semanas todas fueron absueltas por la justicia. La sentencia fue después
revocada en segunda instancia, el médico condenado a 44 meses de prisión y tres
de las mujeres a seis meses.
En el
2004 el gobierno conservador declara que el barco holandés de Women on Waves
(WoW) atenta contra la seguridad y la salud públicas y no lo deja anclar en
ningún puerto. En aguas internacionales, en ese barco se practicaban abortos
farmacológicos autorizados por la legislción holandesa. En tierra, las mujeres
de WoW aconsejaban e informaban.
La ley
portuguesa sobre el aborto, vigente desde 1984, se basaba en el sistema de
supuestos, similar al de España entre 1985 y 2010 y al de Colombia desde el
2006 pero se aplicaba de manera restrictiva, con base en indicaciones médicas.
Con el
proceso de Aveiro se reavivó el debate. Una solicitud respaldada por
121.000 mil firmas fue presentada al Parlamento para convocar un referendo a
favor del sistema de plazos. Por primera vez algunos miembros del partido
conservador de gobierno se mostraron a favor de suavizar la ley vigente. El
obispo de Oporto declaró que criminalizar el aborto no era una solución al
problema, que tocaba mejorar las condiciones de vida de las familias pobres.
En
1998 la adopción del sistema de plazos había sido rechazada en un referendo con
el 50% de los votos y una abstención del 68%. Pero en esta oportunidad las
perspectivas eran mejores. Los sondeso indicaban que cerca del 80% apoyaba la
despenalización.
En
Marzo de 2004, Por una estrecha mayoría la Asamblea Nacional rechaza la discusión
de un proyecto para adoptar el sistema de plazos y también la propuesta de
someter la cuestión a votación popular.
Un año
después, con la victoria de los socialistas, el primer ministro Jose Socrates
promete someter al veredicto popular una proposición para adoptar el sistema de
plazos. El parlamento aprueba la decisión del referendo. El veredicto de
segunda instancia del proceso de Alveiro reaviva el debate. Los sectores
pro-aborto (comunistas, sindicatos, movimientos feministas) le piden al
parlamento legislar sin someterse al referendo.
En
Febrero de 2007, con un 60% de los votos, los portugueses aprueban en un
referendo la adopción de un régimen de plazos. Puesto que la participación no
alcanzó el 50% el parlamento no está obligado a legislar, pero de todas maneras
lo hace y ratifca el abandono del sistema restrictivo. El Tribunal
Constitucional confirma la decisión y la ley entra en vigor en Julio del mismo
año.
Es sin
duda más largo y laborioso, pero definitivamente más sólido cuando los
magistrados constitucionales no legislan para casos excepcionales sino que
respaldan las decisiones parlamentarias endosadas por el voto popular sobre el
derecho de las mujeres a decidir, sin necesidad de intermediarios, si
interrumpen su embarazo durante las primeras semanas.