Gonzalo Queipo de Llano fue un general franquista durante la guerra civil española. Es considerado “el primer militar que fomentó por la radio la violación de prisioneras”.
Desde el programa que emitía Radio Sevilla echaba unas peroratas misóginas que avergonzaron incluso a la derecha extrema. “Nuestros valientes Legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso, también a sus mujeres. Estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”.
En una entrevista concedida en el 2009 un funcionario judicial colombiano anotaba que la violencia sexual de los paramilitares fue “una política digamos que tácita… ellos no daban una orden directa, ‘violen a las mujeres’, pero el comportamiento que asumían los comandantes, la forma que trataban a las mujeres hacía que los otros [dijeran:] ‘Ah… pero el comandante la trata a ella así … yo también hago lo mismo con otras mujeres’. Es como un patrón fluido y asimilado por el grupo… Era una forma de demostrar el poder, acechando a las mujeres, que eran discriminadas y consideradas como menos importantes por esos roles ancestrales y patriarcales”.
Como varias otras prácticas, la violencia sexual no la introdujeron al conflicto los paramilitares de las AUC y tuvo antecedentes en el Cartel de Medellín. Germán Castro Caycedo relata cómo los sicarios de Escobar mantenían jóvenes cautivas a su servicio y además violaban a su antojo. El guión foráneo de la violencia sexual como arma de guerra no encaja en este escenario en el que el enemigo era el Estado. Hay más de lacra primaria y atávica que de estrategia militar. El Patrón, gastador compulsivo, instauró un revuelto de derecho de pernada con comercio sexual. Contaba con un equipo, Los Señuelos, “y a través de ellos iba tras cuanta muchaha virgen que estuviera entre los catorce y los diecisiete años”. Rara vez forzadas, ellas se estrenaban y entregaban por una platica y, si se lucían, podían recibir hasta un carro. A ese nivel, aunque hubo manifestaciones espeluznantes de violencia sexual, los testimonios de violaciones son escasos. La zanahoria primó sobre el garrote y fue eficaz en todos los estratos. Con un fajo de billetes las muchachas “perdían la brújula”.
La responsabilidad de los líderes guerrilleros y paramilitares en las agresiones sexuales de sus subordinados es incierta. En La Habana parecen no saber de violencia sexual. Los acogidos a Justicia y Paz han sido reacios a admitir su participación en tales ataques. Comandantes paramilitares que han reconocido crímenes atroces niegan que las violaciones fueran una estrategia sistemática en su organización. El Grupo de Memoria Histórica (GMH) sostiene que sí hubo esa política, pero la evidencia al respecto es precaria. Nada comparable a los testimonios de conflictos étnicos, ni siquiera a las arengas de Queipo de Llano. Hay incluso indicios en contra, como la mujer violada por paramilitares que señala: “fuimos amenazadas y nos decían que si le decíamos al comandante Camilo nos mataban. Ahí me tocó estar con cuatro de ellos”. O el testimonio de Martín Sombra de las FARC, que confesó el asesinato de menores por "desórdenes disciplinarios" pero aclara que “al único que no se perdonaba era al violador, a los otros se buscaba cómo volverlos al camino”. En últimas, el argumento del GMH es el mismo del funcionario judicial: “la violación sexual estratégica no siempre se configura por ser explícitamente ordenada por la comandancia pero sí se ejecuta como parte inherente de repertorios de dominio”.
Independientemente de si esta tesis servirá o no en procesos judiciales, sí es pertinente para entender la dinámica de la violencia sexual en el conflicto. Los datos muestran que la mayor presencia de actores armados en un departamento -medida por la tasa de homicidios- parece envalentonar a los atacantes sexuales civiles, extraños o conocidos por las víctimas que, a su vez, denuncian menos los ataques. De manera consistente con estas correlaciones, una encuesta realizada en zonas de conflicto señala que dos de cada tres mujeres consideran que la simple presencia de grupos armados incrementa la violencia sexual en general. El posconflicto requerirá esfuerzos mucho más sofisticados que perseguir penalmente a unos guerreros que violaron masivamente. Será necesario borrar entre la población las huellas de un machismo recrudecido por los matones.
Desde el programa que emitía Radio Sevilla echaba unas peroratas misóginas que avergonzaron incluso a la derecha extrema. “Nuestros valientes Legionarios y Regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso, también a sus mujeres. Estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen”.
En una entrevista concedida en el 2009 un funcionario judicial colombiano anotaba que la violencia sexual de los paramilitares fue “una política digamos que tácita… ellos no daban una orden directa, ‘violen a las mujeres’, pero el comportamiento que asumían los comandantes, la forma que trataban a las mujeres hacía que los otros [dijeran:] ‘Ah… pero el comandante la trata a ella así … yo también hago lo mismo con otras mujeres’. Es como un patrón fluido y asimilado por el grupo… Era una forma de demostrar el poder, acechando a las mujeres, que eran discriminadas y consideradas como menos importantes por esos roles ancestrales y patriarcales”.
Como varias otras prácticas, la violencia sexual no la introdujeron al conflicto los paramilitares de las AUC y tuvo antecedentes en el Cartel de Medellín. Germán Castro Caycedo relata cómo los sicarios de Escobar mantenían jóvenes cautivas a su servicio y además violaban a su antojo. El guión foráneo de la violencia sexual como arma de guerra no encaja en este escenario en el que el enemigo era el Estado. Hay más de lacra primaria y atávica que de estrategia militar. El Patrón, gastador compulsivo, instauró un revuelto de derecho de pernada con comercio sexual. Contaba con un equipo, Los Señuelos, “y a través de ellos iba tras cuanta muchaha virgen que estuviera entre los catorce y los diecisiete años”. Rara vez forzadas, ellas se estrenaban y entregaban por una platica y, si se lucían, podían recibir hasta un carro. A ese nivel, aunque hubo manifestaciones espeluznantes de violencia sexual, los testimonios de violaciones son escasos. La zanahoria primó sobre el garrote y fue eficaz en todos los estratos. Con un fajo de billetes las muchachas “perdían la brújula”.
La responsabilidad de los líderes guerrilleros y paramilitares en las agresiones sexuales de sus subordinados es incierta. En La Habana parecen no saber de violencia sexual. Los acogidos a Justicia y Paz han sido reacios a admitir su participación en tales ataques. Comandantes paramilitares que han reconocido crímenes atroces niegan que las violaciones fueran una estrategia sistemática en su organización. El Grupo de Memoria Histórica (GMH) sostiene que sí hubo esa política, pero la evidencia al respecto es precaria. Nada comparable a los testimonios de conflictos étnicos, ni siquiera a las arengas de Queipo de Llano. Hay incluso indicios en contra, como la mujer violada por paramilitares que señala: “fuimos amenazadas y nos decían que si le decíamos al comandante Camilo nos mataban. Ahí me tocó estar con cuatro de ellos”. O el testimonio de Martín Sombra de las FARC, que confesó el asesinato de menores por "desórdenes disciplinarios" pero aclara que “al único que no se perdonaba era al violador, a los otros se buscaba cómo volverlos al camino”. En últimas, el argumento del GMH es el mismo del funcionario judicial: “la violación sexual estratégica no siempre se configura por ser explícitamente ordenada por la comandancia pero sí se ejecuta como parte inherente de repertorios de dominio”.
Independientemente de si esta tesis servirá o no en procesos judiciales, sí es pertinente para entender la dinámica de la violencia sexual en el conflicto. Los datos muestran que la mayor presencia de actores armados en un departamento -medida por la tasa de homicidios- parece envalentonar a los atacantes sexuales civiles, extraños o conocidos por las víctimas que, a su vez, denuncian menos los ataques. De manera consistente con estas correlaciones, una encuesta realizada en zonas de conflicto señala que dos de cada tres mujeres consideran que la simple presencia de grupos armados incrementa la violencia sexual en general. El posconflicto requerirá esfuerzos mucho más sofisticados que perseguir penalmente a unos guerreros que violaron masivamente. Será necesario borrar entre la población las huellas de un machismo recrudecido por los matones.