"Hay cuestiones que uno sólo entiende a
profundidad cuando ha pasado por ciertos sufrimientos”.
Tal fue el inicio de la intervención de
un diputado socialista francés cuando, a finales del siglo XIX, su grupo se
oponía tenazmente a la discriminación contra los extranjeros en el territorio.
Se refería a su situación como exilado político en Londres tras la persecución
sufrida bajo el Segundo Imperio. Consideraba que el proyecto de ley bajo
discusión era una “negación de la civilización”. No entendía que la República
pudiera establecer discriminaciones basadas en la nacionalidad. “Es un poco
bárbaro el movimiento de repulsión, de desconfianza instintiva contra el
extranjero por ser extranjero, porque es de otra sangre y de otra raza”,
confirmaba otro reputado miembro de la izquierda radical. Un diputado parisino,
también periodista, trataba de convencer a la asamblea que la Constituyente
había afirmado que cualquier extranjero tenía derecho a establecerse en
Francia. Le indignaba el argumento económico de la competencia con los
trabajadores locales: “¿acaso estos extranjeros no contribuyen a la riqueza
nacional? ¿No estamos contentos de tenerlos entre nosotros?
Los liberales, por su parte, daban
argumentos complementarios más preocupados por la eficiencia y la libertad de
empresa. Recordaban los ideales de la Revolución para rechazar cualquier idea
de protección del trabajo. Uno de ellos, varias veces ministro, anotaba que
“encuentro realmente sorprendente, extraordinario, que personas que dicen
seguir los principios de 1789 tengan semejantes concepciones legislativas”.
Para rechazar los obstáculos que se pretendían imponer sobre quienes “vienen a
disfrutar de la hospitalidad nacional” le bastaba con “invocar razones de orden
moral y filosófico”.
Estas enérgicas reacciones se daban en
contra de la propuesta, ni siquiera de deportar, sino de ponerles un impuesto a
los trabajadores extranjeros para compensar las ventajas de las que, según las
quejas de obreros y agricultores franceses, disfrutaban.
Durante la segunda mitad del siglo XIX
Francia era el principal país europeo receptor de mano de obra extranjera. Allí
llegaban, tanto a la industria y la artesanía como al sector rural, algunos de
manera estacional, trabajadores españoles, italianos, belgas, suizos y
alemanes. En todos los tratados de comercio que se firmaban para facilitar la
circulación de mercancías se contemplaba de oficio facilitar el libre
desplazamiento de las personas. Todos los tratados tenían una cláusula similar
a la firmada con Serbia según la cual ambos Estados “tendrán recíprocamente, y
al mismo título que los nacionales, y sin ninguna distinción de raza o de
religión, la facultad de viajar, de residir, de establecerse en cualquier lugar
donde juzguen conveniente para sus intereses ejercer cualquier tipo de
industria u oficio, de hacer comercio al por mayor y al detal etc sin tener que
pagar derechos a los nacionales”.
Estos flujos migratorios causaban
problemas, hasta enfrentamientos y riñas, con los habitantes que nunca
repercutían fuera del ámbito local.
Fue a raiz de un incidente militar contra Italia por el protectorado de
Túnez que los enfrentamientos con extranjeros pasaron a ser un asunto político
en la capital. Al desembarcar la tropa francesa en Marsella toda la ciudad los
recibió caluosamente con la excepción de los miembros de un club italiano que,
al pasar el cortejo frente a su cede, les chiflaron a los héroes. Durante
varios días los jóvenes marselleses, cantando su himno, matonearon italianos de
manera indiscriminada. El incidente marcó un quiebre en el tratamiento
mediático y político de estos enfrentamientos bi-nacionales en las provincias.
Es por esta época que “los profesionales del discurso público empezaron a hacer
hablar a las multitudes”. Por primera vez
un conflicto entre obreros en un municipio se percibía como un problema
político nacional. Los medios parisinos se interesaron por las riñas locales
que siempre habían ignorado, y el gobierno mandó por primera vez recoger
información regular sobre tales asuntos. El historiador Gérard Noiriel anota
que lo ocurrido en Marsella jugó un papel definitivo en “la invención del
problema de la inmigración” en Francia.
La idea original del impuesto, atacada
por socialistas y liberales fue rechazada. La comisión parlamentaria encontró
una alternativa más presentable: reemplazar el tributo por la obligación de una
“condición para residir y establecerse”. La propuesta fue inmediatamente
aceptada y en agosto de 1893 se aprobó una ley relacionada con “la residencia
de los extranjeros en Francia y la protección del trabajo nacional”. Con ella
se obligó a los extranjeros a registrarse en su comunidad para que la alcaldía
les expidiera una tarjeta de identidad.
Tanto la ideología liberal como la
socialista cedieron ante la necesidad administrativa de identificar a las
personas. Se abría el camino a la invención de la nacionalidad y posteriormente
a la posibilidad de restringir los movimientos internacionales de personas. Hoy
por hoy ya ni sorprende la declaración de un político progresista belga, bien
alejada de sus antecesores ilustrados:
“la inmigración libre es enemiga del socialismo”.