Chung Ju Yung nació en una familia
campesina coreana durante la ocupación japonesa. Muy joven emigró a la ciudad
para trabajar en construcción pero su padre lo obligó a volver al terruño.
Aguantó unos meses, se fue para Seúl, y
su padre volvió a llevárselo. Se escapó de nuevo y trabajó en una tienda que
quebró. Montó entonces un taller de mecánica y al finalizar la guerra, se
dedicó a rehabilitar los vehículos
abandonados por las tropas norteamericanas. En 1946 había rebautizado su negocio
con el término coreano para “moderno”: Hyundai, que es en la actualidad el
cuarto fabricante mundial de vehículos.
De niño, Gumercindo Gómez anduvo
descalzo en Boyacá. Viajó a Bogotá con 16 años. Trabajó en fundición, granito y
carpintería hasta emplearse como ayudante de tapicería. Un antiguo jefe le dijo
que aprendiera de colchones. Con el primero ganó el doble de lo invertido. Poco
después, en un viaje por el Caribe, en todos los hoteles rompió los colchones
para mirar cómo estaban hechos. Al regreso, puso en práctica su aprendizaje. Su
empresa fue creciendo hasta llegar a Colchones El Dorado. Por la época del
joven Yung, mi papá abandonaba su pueblo cundinamarqués para trabajar en Bogotá
y pagarse los estudios de bachilleraro en la Escuela de Comercio y de
ingeniería en la Nacional.
Estas historias ilustran la lógica de
la emigración rural y una verdad de a puño: para salir de pobre conviene irse
de las regiones atrasadas. Hace décadas los expertos agropecuarios insisten que
para los campesinos es mejor esperar a que cambie su mundo que subirse en una
flota hacia la ciudad. En los años setenta, el programa de Desarrollo Rural
Integrado (DRI) buscaba transformar el campo para controlar la migración masiva
a las ciudades y evitar la violencia. La Reforma Rural Integral (RRI) acordada
en La Habana -un DRI con constitucionalismo- también sentencia que para la paz
se debe transformar el campo, el más apartado, a cualquier costo. Esa romántica
visión la desafían la experiencia de los reinsertados que no vuelven a su
tierra, las estadísticas de migraciones internas, sobre todo de mujeres que
salen de allá de manera creciente y hasta la etnografía de una región
africana beneficiaria de un proyecto de desarrollo agrícola del Banco Mundial:
ninguno de los jóvenes tenía interés en dedicarse a la agricultura, todos
preferían emigrar para emplearse.
Alfredo
Molano, a tono con los acuerdos, anota que “a los exguerrilleros el Estado debe
garantizarles empleo y seguridad. La mayoría son campesinos que podrían volver
a trabajar el campo, pero no como empleados de los palmicultores o de los
cañeros sino como propietarios libres en las Zonas de Reserva Campesina. Es
allí donde pueden acceder a una vida digna, integrarse a la economía y
conservar sin armas su fuerza política”. Utilizar sólo el ojo izquierdo lleva a
visiones demasiado bucólicas, por no decir reaccionarias, del desarrollo,
además de sesgadas y estigmatizadoras de las empresas agropecuarias, siempre
sospechosas de los vicios de la compañía bananera en Macondo.
La
caricatura de la agroindustria que reprime protestas con ejército o financia
paramilitares es burda, caduca. José Antonio Ocampo, director de la Misión
Rural, pone como ejemplos de emprendimiento agropecuario, “con calidad, comercio
justo y desarrollo sostenible” dos empresas jóvenes. Factoría Quinoa, fundada
por Felipe Avella e Inés Patiño, vinculados a la Universidad de los Andes, que
busca “desarrollar comercio sostenible en nutrición” y Pacífico Snacks de
Juliana Botero, emprendedora caleña con posgrado en economía, que “conquistó el
mercado de platanitos en Holanda”. Estas iniciativas que surgieron
modestamente, sin apoyo estatal y sin necesidad de ambiciosas reformas rurales,
ilustran el papel crucial de la educación superior en el desarrollo, personal y
del sector agropecuario. En la exhaustiva lista de cosas por hacer de la RRI,
la capacitación universitaria es un item marginal, siempre atado al agro. El
rústico sueño, que costará billones, es que el campesino cultive su tierra,
asista al cabildo abierto y ponga tutelas.